Por: Joseph Daccarett

En los últimos meses, el Gobierno ha celebrado con entusiasmo unas cifras que, según sus voceros, reflejan un manejo exitoso de la economía. Sin embargo, cuando los datos se analizan con rigor —y sin el filtro del relato político—, la historia que cuentan es mucho menos alentadora. Las estadísticas pueden mostrar movimiento, pero no necesariamente progreso.

En medio de las redes sociales, los debates económicos se han vuelto trincheras ideológicas más que espacios de análisis. Por eso, vale la pena traducir —sin sesgos políticos— lo que realmente expresan algunos de los principales indicadores y qué revelan sobre la salud de nuestra economía.

La aparente fortaleza del peso

El fortalecimiento del peso colombiano se ha presentado como un logro del Ejecutivo. Pero el fenómeno tiene más de circunstancial que de estructural.

La caída del dólar obedece, en buena parte, a la debilidad actual de la economía estadounidense, que ha reducido el valor del billete verde frente a la mayoría de las monedas del mundo. En Rusia, por ejemplo, el rublo se ha apreciado un 26%; en Colombia, el peso apenas un 12%.

A ello se suma que el Banco de la República mantiene una de las tasas de interés más altas de la región para contener la inflación. Esa política atrae capitales especulativos —los llamados capitales golondrina— que buscan rentabilidad financiera de corto plazo, pero que se retiran apenas cambian las condiciones. No generan empleo, ni inversión productiva, ni infraestructura.

También debe considerarse el papel de las remesas, que este año superarán los 13.000 millones de dólares, un récord histórico. Pero detrás de ese flujo de divisas hay un dato preocupante: más de 500.000 colombianos emigran cada año. Es dinero que entra, sí, pero fruto del trabajo de quienes ya no tributan aquí. Colombia comienza a parecerse más a un exportador de mano de obra que a un generador de riqueza interna.

Inflación: una meta aún lejana

La meta del 3% de inflación sigue siendo eso: una meta. Parte del problema radica en el gasto público.

Hasta la fecha, el Gobierno ha firmado más de 229.000 órdenes de prestación de servicios, por cerca de 10 billones de pesos, lo cual inyecta ingresos temporales a la economía y eleva el consumo. Pero ese impulso es artificial: sostiene la demanda en el corto plazo a costa de una mayor presión inflacionaria.

Otro elemento que alimenta el alza de precios son los aumentos salariales por encima de la inflación, como muestra el siguiente cuadro:

Las remesas, nuevamente, también inflan el consumo interno. Cuando el gasto, la inversión y las exportaciones superan la capacidad productiva del país, los precios suben. En consecuencia, el Banco de la República eleva las tasas de interés para enfriar la economía, generando un círculo vicioso que restringe la inversión y castiga al consumidor.

A ello se suman los enormes ingresos ilícitos provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando de oro. En el último año, varios bancos en el exterior han sido sancionados por operaciones de blanqueo de capitales, un factor que distorsiona gravemente los flujos financieros y las estadísticas reales.

Deuda y gasto sin precedentes

A pesar de dos reformas tributarias recientes —y una tercera en preparación—, el gasto público sigue creciendo a un ritmo insostenible.

El presupuesto nacional ha pasado de 314 billones en 2021 (en plena pandemia) a más de 550 billones proyectados para 2026. No hay emergencia sanitaria ni grandes obras que justifiquen semejante expansión.

El Gobierno ha destacado el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (unos US$5.400 millones, equivalentes a 21 billones de pesos), pero omite un detalle: esa obligación se adquirió para proteger la vida durante la crisis del COVID-19. Hoy, en cambio, el endeudamiento total del país supera los 1.100 billones de pesos.

Entre 2022 y 2025, la deuda pública ha aumentado en 420 billones, un crecimiento del 53%. No hay pandemia, ni grandes proyectos de infraestructura, ni un plan claro de sostenibilidad fiscal. Se pagó una deuda puntual, sí, pero se abrió un hueco mucho mayor.

Solo en septiembre de 2025, con la flexibilización de la regla fiscal, el Gobierno nacional se endeudó en 33 billones de pesos, la cifra más alta registrada en un solo mes.

Inversión y crecimiento económico

Según la ley de Okun, una economía debe crecer al menos al 3% para no destruir empleos.

En Colombia, el crecimiento del PIB ha sido: 0,7% en 2023, 1,6% en 2024, y 1,9% en lo corrido de 2025. En contraste, el gasto del Gobierno crece al 15,6%, lo que explica la reducción del desempleo, pero a costa de los demás sectores productivos.

Lo preocupante es que este crecimiento no se traduce en inversión sino en gasto corriente.

Durante el primer semestre de 2025, la inversión privada creció apenas 1,7%, reflejo de la falta de confianza y de la incertidumbre regulatoria.

Las elecciones de 2026 serán decisivas: los inversionistas esperan claridad sobre las reglas del juego antes de comprometer recursos.

Entre la ilusión y la sostenibilidad

La economía colombiana parece estable, pero su estabilidad es frágil.

Se sostiene sobre tres pilares endebles: remesas, gasto y deuda.

El crecimiento real de una nación no se mide en la tasa de cambio ni en el consumo transitorio, sino en su capacidad de producir valor sostenible, generar empleo formal y construir confianza institucional.

Más que celebrar cifras, deberíamos preguntarnos si lo que hoy se presenta como prosperidad no es, en realidad, una economía artificial, sostenida sobre espejismos contables y combustible prestado.